Por Camilo Ortega, estudiante de Ingenieria Comercial en la Universidad de Chile.

En su cuenta anual al país el 21 de Mayo, Piñera anunció una serie de modificaciones al sistema de educación superior que es necesario para el movimiento estudiantil analizar. En esta columna comento las modificaciones anunciadas al Aporte Fiscal Indirecto, AFI.

¿Qué es el AFI? Es la segunda vía que tiene el Estado para financiar la educación superior. El AFI consiste en que el Estado entrega dinero a las instituciones certificadas por el ministerio que reciban a los veintisiete mil estudiantes de los mejores puntajes en matemáticas y lenguaje en la PSU.

Actualmente, los planteles más beneficiados con el AFI son la Universidad de Chile y la Universidad Católica, recibiendo sobre cuatro mil doscientos miles de millones de pesos y tres mil ochocientos miles de millones de pesos respectivamente. Los centros de estudios menos beneficiados son las universidades de regiones extremas y las más precarizadas.

El 21 de mayo el Presidente Piñera anunció que de ahora en adelante las universidades dejarán de recibir el AFI y este será entregado directamente a los estudiantes de mejor puntaje PSU en forma de voucher. Además, se agregará un nuevo criterio de evaluación para la entrega de AFI, el cual será el ranking de notas al egresar de la enseñanza media, es decir, el lugar relativo que ocupaste entre tus compañeros en relación a tus notas.

Lo primero que es necesario analizar es que la PSU, como muchas veces se ha mencionado, está fuertemente relacionada con el nivel socioeconómico de quien rinde la prueba.  Son los estudiantes provenientes de quintiles más altos (es decir, quienes representan a las familias con mayores recursos económicos) los que obtienen los mejores puntajes en la PSU.  Esto no es extraño, pues éstos se encuentran en condiciones de pagar una mejor educación: un colegio caro, un preuniversitario que asegure buenos puntajes. Las modificaciones al AFI entonces dan un gesto claro: El Estado asegura fondos públicos para educar a los jóvenes de familias con más recursos.

Si bien este problema es abordado en parte por la introducción del ranking de notas de Enseñanza Media como variable, el mecanismo de corrección aún es insuficiente. El problema no es en el grado, sino la lógica regresiva del conjunto del sistema que conserva en la educación la desigualdad de cuna.

Por otra parte, cuando el ministro Lavín explicó el mecanismo señaló que  la idea de esta política es “entregar al estudiante de alto puntaje un mayor poder de negociación a la hora de decidir en qué institución estudiar”. De esta forma, el ministro genera dos categorías de estudiantes, los “dueños del AFI” y los que no lo tienen. La universidad, entonces, será como un banco que categoriza a sus clientes entre los que tienen cuenta y los que no, dándole a los primeros  muchas facilidades, mejor atención y muchas cajas disponibles. Mientras, los segundos tendrán que soportar largas esperas en la fila y una sola caja disponible.

Con esta nueva forma de entregar recursos, las universidades deberán intensificar su gasto en Marketing para poder captar a los estudiantes que cuentan con AFI. Actualmente, las instituciones de educación superior son el segundo rubro en liderar el gasto en Marketing en el segmento de los jóvenes menores a 25 años, siendo sólo superadas por empresas de Retail como Ripley o Falabella.

¿Cuál es la gravedad de esto? Al incentivar la competencia, y aumentando la importancia del marketing, las universidades deberán reordenar sus recursos para competir. O recortan en calidad o buscan más apoyo de parte de sus sostenedores, los estudiantes. Nada extraño sería que los estudiantes terminen pagando por estas campañas publicitarias a través de sus aranceles.

También es importante notar que muchas universidades regionales del Estado simplemente no tienen recursos para competir en este plano, siendo aún más perjudicadas por el mecanismo ya que ni siquiera podrán aspirar a competir con las grandes empresas privadas que saldrán a captar estudiantes.

Al final del día, esta medida profundiza una lógica que no ha funcionado para todos en los últimos treinta años y que es la principal razón de la crisis actual de la educación superior: la competencia entre planteles de educación.

Es por eso que necesitamos eliminar los elementos que incentiven la competencia entre las universidades y generar mecanismos de financiamiento basal de libre disposición para las universidades, para que de esta forma no se nos cargue la mano a los estudiantes vía aranceles y sea el Estado quien se encargue de garantizar la calidad de un derecho básico de cualquier ser humano, el derecho a la educación.