El asesinato de Camilo Catrillanca ha vuelto a poner en el debate público de manera dramática la necesidad de abordar seriamente el conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche. Un debate que organizaciones y comunidades mapuche y defensores de derechos humanos han impulsado durante largos años, mientras autoridades políticas y medios de comunicación han eludido sistemáticamente por la vía de reducirlo a la cuestión de la “seguridad en la Araucanía”.

Los graves hechos que se han conocido –ataque por la espalda a un comunero desarmado, tortura a un adolescente, encubrimiento, amedrentamiento policial a la comunidad, irresponsabilidad de las autoridades políticas– son expresión del fracaso de una política de Estado de violencia colonial y racista.

Esta política, durante los gobiernos de la transición, se ha enfocado en la militarización de la zona de comunidades en conflicto, la criminalización del movimiento mapuche y la protección estatal de los intereses empresariales en la zona, por sobre el respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

En esta dramática coyuntura, el Estado y los actores políticos tienen la responsabilidad de enmendar el rumbo, poniendo fin a la violencia y abusos, abriendo un diálogo político, vinculante y de alto nivel, con el pueblo mapuche, y comprometiéndose con el respeto pleno de los derechos humanos, a la altura de la legislación internacional sobre el tema.

El documento suscrito por diversas agrupaciones y comunidades en Temucuicui el pasado 1 de diciembre entrega orientaciones claras para este necesario giro, reafirmando el derecho a la libre determinación y al control sobre el territorio ancestral violentamente despojado; exigiendo el fin de la política de militarización; y, proponiendo una comisión de esclarecimiento histórico para alcanzar la verdad y reparación sobre las vulneraciones a los derechos humanos del pueblo mapuche.

Desde el Frente Amplio apoyamos esta agenda y nos hemos puesto a disposición para que sean las comunidades y sus organizaciones tradicionales y representativas las que protagonicen un diálogo político vinculante que genere reformas estructurales que permitan enfrentar este problema histórico con la profundidad que merece.

Por ello, reiteramos el llamado al Gobierno a asegurar condiciones mínimas para iniciar un diálogo político con el pueblo mapuche, lo que exige el cese inmediato de la militarización en la zona y la asunción de responsabilidades políticas por la muerte de Camilo Catrillanca y las ilegalidades cometidas durante su investigación.

Nada se saca con lamentar las muertes y condenar los abusos policiales si el debate democrático sigue siendo clausurado con respuestas militares, mientras se da continuidad a una política de despojo de derechos para proteger los intereses de privados y grandes grupos económicos. Lo que está en juego es la posibilidad de construir un nuevo pacto social que respete la autonomía y libre determinación del pueblo mapuche y los pueblos originarios.

Javiera Toro Cáceres
Encargada política Izquierda Autónoma