La libertad condicional otorgada por la Corte Suprema a varios violadores de derechos humanos pone al poder judicial al frente de la impunidad, entregando una nefasta señal para la sociedad por varias de razones.

En primer lugar, expresa de modo fehaciente un sustento jurídico de la impunidad, pues la decisión fundamenta la posibilidad del beneficio en el cumplimiento de la mitad de penas que, para tratarse de crímenes de lesa humanidad, son claramente muy bajas en relación a la gravedad de lo cometido, amparándose en que estos no estaban tipificados y en que las actuales leyes que los castigan no son retroactivas. Más preocupante resulta el hecho de que desestime las conclusiones de la propia comisión a cargo de revisar estos procesos, que estimó que los internos no tenían ningún reconocimiento o arrepentimiento del daño y disvalor de sus delitos. Estas libertades son producto de defensas judiciales muy bien preparadas, que no habrían sido posibles sin los ingentes recursos económicos de las altas pensiones que reciben estos criminales -producto de ascensos realizados a finales de la dictadura como premio por el trabajo realizado, es decir, por organizar y/o ejecutar el terrorismo de Estado-; y de sus propias redes de protección, que alcanzan incluso a instituciones y funcionarios públicos que aún hoy les defienden.

Por otro lado, estas libertades son la expresión de una impunidad que imposibilita la defensa de los Derechos Humanos y alcanzar otros de los desafíos del Chile contemporáneo en esta materia. Con esta señal de la Corte Suprema, no sólo se consagra la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad, sino que se establece un precedente de relativización de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, configurando un escenario de permisividad frente al abuso del Estado, abriendo espacio para la existencia de casos como los vistos en el SENAME, de los pueblos indígenas o de la población migrante, entre muchas otras situaciones igualmente graves.

Asimismo, el entendimiento laxo del castigo y la promoción de la impunidad que estas libertades implican, relativiza la imprescindible condena que merecen las violaciones a los derechos humanos en cualquier Estado, cuestión del todo problemática para el afianzamiento democrático, en la medida que se comprenden no sólo como “excesos” sino que como un extenso engranaje que involucró la participación de civiles y militares, que utilizaron el aparato público para cometer los peores crímenes de nuestra historia, a través de una política sistemática de terrorismo de Estado, para instaurar por la fuerza el orden neoliberal y afianzar el patriarcado como único orden posible y natural. En ese sentido, la impunidad de estos actos es también un espaldarazo a lo vigente. Envía una doble señal: A quienes resguardan mediante la fuerza el estado actual de las cosas, les dice que incluso si realizan las más grandes , aberraciones contra otras personas, el precio a pagar será realmente bajo. En contraste, a quienes buscan modificar los límites de lo actual en favor de la sociedad, les dice que deben irse con cuidado, pues de avanzar más de lo debido la respuesta será la violencia del Estado.

Este tipo de señales son especialmente contraproducentes cuando comienzan a verse ejemplos de violencia política que son tibiamente condenados por el poder político, tales como el apuñalamiento a tres mujeres en la marcha a favor del aborto, así como en las consignas desplegadas llamando a esterilizar de modo forzado a las “hembristas”. La utilización ilegítima de la fuerza y ese tipo de llamados al odio para amedrentar a quienes luchan por los cambios parece replicar uno de los efectos de las violaciones a los derechos humanos: negar la posibilidad de luchar y disentir en el marco de la democracia.

Este es el momento en que se hace necesario un posicionamiento político claro por parte del gobierno. El propio ministro Larraín quien, interpelado hace varias semanas en la Cámara de Diputados, afirmó la necesidad de avanzar en justicia, verdad, memoria y reparación; por lo cual debe existir una reacción acorde a tales propósitos. En buena medida, lo único que puede mostrar una efectiva voluntad política de resolver estas problemáticas, es escuchar y promover las posiciones y reivindicaciones de las organizaciones de Derechos Humanos.

Desde Izquierda Autónoma sostenemos que es una necesidad avanzar hacia una plena justicia, memoria, verdad, reparación y garantías de no repetición plenas, pues entendemos que ese es el único camino que posibilita la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, es decir, que pueda abordar de forma política, dialógica y soberana los diversos conflictos que en ella se anidan. La liberación de estas personas avanza en el sentido exactamente opuesto: reduce las consecuencias punitivas de aproximarse a la política desde la violencia, el amedrentamiento y la destrucción de la institucionalidad democrática, y por lo tanto, avanza hacia la peligrosa conclusión de validarlas frente a la sociedad chilena.