Frente Socioambiental Izquierda Autónoma

 

Dos grupos económicos llevan cuatro décadas dirigiendo una transformación social y ambiental de magnitud histórica en el centro-sur de Chile. El interés que los mueve no es otro que el crecimiento de sus capitales. Las ganancias obtenidas han puesto a tres miembros de la familia Matte y un Angelini en el ranking Forbes de los más ricos del mundo. La otra cara de su éxito económico son las condiciones propicias para el desastre: pueblos y ciudades que permanecen como islas entre plantaciones forestales, rodeadas de suelos cargados con desechos madereros combustibles y sequía.

 

El rol del Estado durante este proceso de transformación territorial ha quedado reducido a la canalización de recursos públicos para subsidiar la expansión del negocio forestal. La época de los subsidios partió en dictadura con el Decreto Ley 701 y atravesó todos los gobiernos de la Concertación hasta su suspensión hace muy poco, a raíz del destape de la estafa del “cartel del confort”, liderado por los Matte. No es que desde la Concertación hubiera voluntad política de terminar con los subsidios, sino que su mantención tenía un tono de complicidad poco conveniente para su mermada legitimidad.

 

Los incendios de este verano ya cobraron sus primeras víctimas fatales, hicieron desaparecer un pueblo entero y tienen a miles de personas bajo amenaza. Parte de nuestro patrimonio natural hoy corre el riesgo de desaparecer completamente: el fuego acecha las dos últimas reservas de flora y fauna nativa de la costa de la Séptima Región. Pero las forestales degradan el ambiente y empobrecen pueblos completos incluso sin incendios de por medio. La industria forestal concebida como un nicho de acumulación privado, bajo un modelo extractivista y subdesarrollado, representa en sí misma una crisis social y ambiental.

 

La magnitud del desastre y la predicción de que las condiciones favorables para el fuego se incrementarán durante los próximos años nos enfrentan a la raíz del problema: la industria forestal está fuera de control, y el duopolio no puede hacer nada al respecto. Nuestra crisis es la crisis de una política colonizada por el gran empresariado y subordinada a sus intereses. Los incendios nos vienen a enrostrar que los intereses de la sociedad han sido excluidos de la política estatal.

 

En el Chile de la transición una transformación racional y democrática del territorio es imposible. El gran empresariado dirige el destino del país sin ningún contrapeso. El Estado reducido a un carácter subsidiario no es capaz de incorporar los intereses de la sociedad en la planificación territorial. Ni siquiera puede ofrecer herramientas institucionales para coordinar la solidaridad y el trabajo voluntario que emergen transversalmente ante cada desastre. Todos estos esfuerzos quedan atomizados en iniciativas locales, y la organización se diluye en un modelo que disocia  la sociedad de la política.

Estamos ante el desafío de darle una proyección colectiva a nuestra solidaridad. Solo con el despliegue de una política propia, con autonomía del gran empresariado y la Concertación, lograremos poner fin a nuestra impotencia democrática para hacerle frente definitivamente a la crisis. Recuperar la política para los intereses hasta ahora excluidos de las grandes mayorías implica superar el Estado subsidiario y su transformación en una herramienta capaz de garantizar derechos sociales, participación y nuestro propio bienestar social.