Al cumplirse 40 años desde el Golpe de Estado, hacen su aparición, nuevamente, los intentos “oficiales” de afianzar una versión demagógica de la memoria de lo ocurrido. Esta versión tiene como base la aparición espontánea de una “polarización” y de violencia inhumana de parte del Estado hacia algunos desafortunados chilenos. El Golpe y la dictadura escaparían de todo intento de análisis e imposibilitaría cualquier acercamiento o relato que vaya más allá de la apariencia inmediata de horror e irracionalidad..

Ahora, nadie (excepto los elementos más recalcitrantes del negacionismo) podría negarse a la necesidad de justicia y a la definición colectiva de jamás repetir lo ocurrido. Sin embargo, el discurso oficial en el cual se han apoyado (casi) todos los ejercicios realizados con respecto al Golpe y a la dictadura los últimos 24 años cometen una falta imperdonable. Presentan la interrupción violenta de la democracia y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en total ausencia de un marco que englobe lo ocurrido siguiendo definiciones con las cuales comúnmente se explica la conducta humana: motivaciones u objetivos, decisión de cursos de acción, etc. Por eso las posturas oficiales se sienten tan vacías. Por eso las peticiones de perdón se hacen tan fáciles. Y por eso el llamado a no repetir “lo que sea que haya pasado” no se traduce en ningún curso de acción por parte de quienes lo propugnan.

Para especificar: el discurso oficial no tiene ninguna respuesta satisfactoria a la pregunta referente a por qué ocurrieron, primero el Golpe de Estado en 1973, y después el terrorismo de Estado durante la dictadura. Ninguna de las versiones que se han defendido desde la oficialidad han dado cuenta de las motivaciones y raciocinios detrás de la forma específica que tomaron las acciones de los agentes responsables de estos eventos.

La versión oficial más común es la atribución de irracionalidad y espontaneidad total al período, como un momento de locura colectiva durante el cual nada de lo que sucedía tenía ninguna motivación más profunda que la inmediata. Así, el gobierno de la Unidad Popular es descrito como un caos prolongado que fue a parar en una acción organizadora de las fuerzas armadas (y de orden), que no tenían mayor objetivo que devolver a Chile el orden arrebatado por un proyecto caótico. Este proyecto fue propuesto por alguien que, por alguna casualidad del universo, fue electo espontáneamente por las masas irracionales. Hay por lo menos dos variaciones de este discurso. Según algunos, el caos terminó y se impuso el orden prometido, con algunas excepciones o excesos aislados y espontáneos. Según otros, el caos nunca terminó, y sólo hubo violencia irracional, inhumana y cruel. Para el futuro, sólo nos quedaría evitar la irracionalidad y el conflicto (polarización) que llevaron a este punto.

La otra gran percepción del período es la que se realiza desde un juicio moral: las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura ocurrieron porque los militares que estaban en el mando eran malos y, como tales, cometían crímenes. La dictadura sería un gran crimen, llevado a cabo por grandes delincuentes sin mayor motivación que el sadismo y la perversión. Así, la única respuesta posible es evitar provocar a quienes nos hicieron, y podrían volver a hacer, tanto daño.

La última variación, más reciente, toma una actitud despersonalizada, y afirma que la culpa fue de “las instituciones”, la estructura que debería ser capaz de ordenar el caos que existía en la época. El Golpe de estado ocurrió espontáneamente, como una respuesta a la crisis de la democracia vivida en el país. La democracia se quebró. El golpe de Estado, en realidad, no tendría motivaciones, por ser casi un efecto natural de la causa que sería el fracaso rotundo de los sistemas de decisión que la sociedad tenía en ese momento.

Todas estas interpretaciones de lo ocurrido hace 40 años, y durante los 17 años que le suceden, asumen un punto de vista abstracto, vacío de cualquier contenido político y totalmente alejado de la realidad. Esto se hace patente si se toman en cuenta varios factores que cada una de estas posturas dan por asumidos.

En primer lugar, el gobierno de Salvador Allende no es un hecho espontáneo e irrelevante que no requiera de mayor profundización. El proyecto de la Unidad Popular tiene una herencia histórica de décadas. La Unidad Popular era un proyecto político de claras definiciones ideológicas socialistas, que proponía la subversión de las estructuras sociales que permiten la explotación de las clase populares por parte de las que son propietarias de los medios de producción. Esto no es gratuito: no podemos olvidar, como hacen todos los discursos oficiales, que la Unidad Popular es la primera coalición de ideología marxista del mundo que llega al gobierno mediante elecciones democráticas universales. Se esté de acuerdo o no con el proyecto, es innegable que ése era su objetivo, y que lo ocurrido es explicable sólo en referencia a él.

En segundo lugar, la “polarización” a la que se alude en el discurso oficial no es un puro caos irracional, sino un choque de intereses. Es una obviedad el que intentar subvertir la explotación de una clase va a generar el rechazo por parte de los explotadores: la medida va en directo desmedro de sus intereses. La polarización que se generó durante el gobierno de la Unidad Popular no fue espontánea ni caótica, sino una manifestación de la directa oposición de intereses que generó la priorización de la mayoría por sobre la minoría.

En tercer lugar, es evidente que el Golpe de Estado no fue una reacción espontánea ni neutral ante el caos del conflicto de intereses que se vivía en Chile. La democracia no se quebró: fue quebrada. El Golpe fue el acto final de oposición al proyecto de la Unidad Popular. Su objetivo no era la mera imposición neutral del orden. Los militares tomaron partido dentro de la disputa y defendieron los intereses de quienes arriesgaban la pérdida de su posición de poder, tanto económico como político.

Finalmente, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura ni son excesos aislados ni son crímenes juzgables desde un mero punto de vista moral. No son aislados pues se ha demostrado que fueron parte de una estrategia sistemática de los órganos del Estado. No responden sólo a una dimensión moral porque no son fruto exclusivamente de la perversión o del sadismo de quienes se encontraban en posiciones de poder. Utilizar, como ha empezado a ser más frecuente últimamente, el término “dictadura cívico-militar” no sólo implica la participación de civiles en los órganos del Estado.  Implica que la dictadura fue un proyecto político que buscaba realizar cierto modelo de sociedad apoyado por el uso de la fuerza. El terrorismo de Estado respondió a este proyecto y se torturó, asesinó y desapareció principalmente a quienes representaban una fuerza opositora a la implantación de este modelo.

En definitiva, las versiones de la oficialidad intentan dar un carácter neutral –particularmente, apolítico– a la memoria del Golpe de Estado y de la posterior dictadura. Intentan convencernos de la irracionalidad y futilidad de la disputa. La oposición profunda entre distintos modelos de sociedad no puede sino significar caos. El enfrentamiento provoca la reacción espontánea de los elementos que resguardan las instituciones vulneradas por quienes intentaron sacar la disputa de los límites establecidos.

El afán por construir una memoria aséptica no es casual, sino que responde a las mezquinas lógicas de la transición y sus intentos por naturalizar el modelo de sociedad heredado de la dictadura. Busca, también, esconder su origen detrás de una supuesta fuerza espontánea que devuelve a la sociedad al punto neutro cuando ésta se ve superada por su propio caos. A 40 años del Golpe, debemos tener más claro que nunca que sólo si logramos recuperar el sentido político de la memoria podemos comenzar derribar el muro de demagogia y desarticulación que protege al real legado de la dictadura.

Pablo Contreras Kallens

Miembro Izquierda Autónoma Filosofía y Humanidades U. de Chile

Publicado originalmente en El Quinto Poder