Publicada en El Mercurio el Miércoles 11 de Diciembre de 2013.

Una preocupante ausencia de contenidos caracteriza la discusión política en la víspera de la segunda vuelta presidencial. La prolongada incapacidad que sigue mostrando la política para interpretar y procesar los dilemas que aquejan a la sociedad chilena amenaza con seguir disminuyendo su umbral de legitimación. La elección del 17 de noviembre, a pesar de las expectativas que abrió y múltiples voces que ofreció, fue incapaz de revertir esta tendencia.

La alta abstención en la primera vuelta interpela a una refundación de la política que sus actores no pueden seguir desoyendo. Poco ayudan las evasiones y ambigüedades. Si lo que se quiere es reconstruir la capacidad de la política para conducir una deliberación democrática, lo primero es que ella misma se abra a analizar, con franqueza y claridad, los caminos que ha de seguir la sociedad chilena para ganar en democracia, desarrollo e igualdad.

En medio de ese dilema, emerge el problema de la educación. No como el tema cuya solución asegura resolver el problema de la desigualdad, pero sí donde cabe perfilar una respuesta a la necesidad de más inclusión y democracia. El malestar de los chilenos con las desigualdades producidas por el mercado y la inexistencia de derechos —no solo en educación— es el gran problema de la agenda pública hoy, y para el próximo gobierno no será opción evadirlo.

En este escenario, la gratuidad universal se ha convertido en un criterio básico para una mejor educación. No es solo una frase. Se trata de la consigna más visible de un planteamiento de fondo, de gran respaldo ciudadano: la conquista de derechos sociales universales. El sentido de la gratuidad es la superación del “mercado de derechos” construido por la dictadura —en el que la acción pública es subsidiaria y focalizada— y que fue profundizado por los gobiernos posteriores, incluso a costa de recursos públicos entregados directamente al lucro.

Michelle Bachelet se presenta —al menos ese ha sido su discurso— como una alternativa real y viable para construir una sociedad de derechos. Intenta hoy transformar en voto el amplio respaldo ciudadano que las demandas sociales han tenido y, con ello, recuperar el terreno que la política fue perdiendo ante el malestar de la ciudadanía y su inconformidad con los partidos tradicionales. Su programa habla de cambios en múltiples planos e incluye la consigna de la gratuidad educacional. Pero más allá de eso, persiste la ambigüedad.

De la lectura del programa de Michelle Bachelet no se desprende en qué consistirá dicha gratuidad. La ciudadanía tiene derecho a dudar, más aún si se piensa que el dilema de la transición fue el alto precio de la democracia: mantener el modelo heredado, sin hacer reformas estructurales. Cuando habla de gratuidad educacional, ¿de qué habla Michelle Bachelet?: ¿El Estado se hará presente en la educación con más subsidios al mercado, a través de agencias “técnicas” administradas por expertos? ¿O se creará un orden de derechos, a través de instituciones públicas abiertas a sus ciudadanos? ¿La gratuidad se expresará en más o menos Estado subsidiario?

Si como país decidimos que la educación debe ser gratuita y sin lugar para el lucro, podemos tomar dos caminos: la senda de profundizar la subsidiariedad o la de los derechos sociales. Puede haber educación gratuita y más Estado mediante ambas, pero se trataría de dos formas muy distintas de gratuidad y acción estatal.

Creemos necesario que la sociedad civil interpele a la política en este tema. En ese sentido, un conjunto heterogéneo de actores sociales, autoridades educacionales, dirigentes estudiantiles, académicos e investigadores en educación, suscribimos un Compromiso por una Nueva Educación (www.compromiso.cl) en la senda de los derechos universales aquí esbozada, documento que busca dar pie a una discusión que ha sido trivializada y que requiere de un consenso social amplio.

Como han planteado con claridad los estudiantes, lo central de una reforma progresiva de la educación es sacarla del espacio del mercado para llevarla —con todas las consecuencias institucionales y de financiamiento que ello implica— a la esfera de los derechos sociales universales. Sin ello, la famosa gratuidad, bajo la forma de subsidios más jugosos al mercado, terminará siendo más regresiva y una peligrosa manipulación de los planteamientos críticos a la mercantilización de la educación.

Publicada en El Mercurio el Miércoles 11 de Diciembre de 2013.

Gabriel Boric Font

Carlos Ruiz Encina

Fundación NODO XXI