Escribo esta reflexión con el ánimo de aportar a una evaluación del proceso de movilizaciones que hemos iniciado. Me parece urgente que como Federación nos demos el tiempo para revisar los pasos que estamos dando a la luz de los movimientos que anuncian el Gobierno y la clase política. El éxito de las movilizaciones no depende de nuestras puras intenciones, sino de cuán capaces seamos de sortear los obstáculos que se nos presenten o, mejor aún, de anticiparnos a ellos para poder avanzar en la dirección que nos hemos fijado.

Por Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECh

Los obstáculos más determinantes son siempre los que presenta el escenario, porque estructuran el camino y escapan a nuestro control. No queda otra que sortearlos. Aquí caben las acciones del Gobierno y la clase política y a ellas me quiero referir en primer lugar.

Parto con la conclusión: Mientras seamos incapaces de imprimirle a nuestras demandas coherencia con un cuestionamiento a los aspectos estructurales del modelo educativo, es muy probable que la derecha aproveche la situación creada por nosotros para viabilizar reformas que corrijan el modelo profundizando su esencia, tal como hizo la Concertación con la “revolución pingüina” a partir del 2006.

Hay varias señales que apuntan a eso. Al día siguiente de la movilización del 28, El Mercurio en su editorial y la diputada Hoffmann (UDI) desde el Congreso, decían “coincidir” con nosotros en cuanto a la crisis en la que se encuentra la Educación Superior, agregando que el Gobierno tenía la solución perfecta: abrir las ayudas estudiantiles y el financiamiento público a todas las instituciones existentes, sin importar su naturaleza jurídica. La última editorial de La Segunda insiste en eso.

A estos dichos, para nada aislados, se suma que estamos frente a un Gobierno experto pasar ajustes como reformas y frente a un ministro de Educación que ha basado su carrera política en alimentar cuestionamientos de fondo para cerrarlos él mismo con parafernálicas aspirinas (acuérdense de los aviones que tiraban agua para combatir el smog). La Concertación por su parte, más dedicada a criticar las Piñericosas que a ofrecer alternativas, permanece muda porque está dentro del consenso que existe sobre qué hacer con la educación chilena.

Sus intelectuales de la educación también son los de la derecha, sus operadores siguen siendo burócratas del actual Mineduc, sus otrora autoridades ministeriales son hoy flamantes autoridades de las más lucrativas universidades privadas del país. En definitiva, la clase política chilena responde completa a los intereses del empresariado y hará, de distintas formas, todo lo posible para que en materia de educación algo cambie para que todo siga igual.

Esta capacidad de cooptación de las demandas populares y en particular las estudiantiles, se torna más alarmante a la luz de las propias debilidades de nuestro naciente movimiento. La ambigüedad en las demandas y los llamados vacíos a la unidad y la movilización como fin en sí mismo pueden terminar siendo tremendos pases gol para Lavín y el gobierno.

Si la primera síntesis de demandas del CONFECH sorprendió por lo confusa, la segunda, que convoca al Paro Nacional del 12, preocupa por lo ambigua. Primero porque un “aumento del financiamiento público en educación superior” también lo piden los empresarios de la educación que presionan para que el Estado subsidie sus negocios con plata de todos los chilenos. Segundo porque exige “equidad en el acceso” sin decir nada concreto más allá de las propuestas que el Gobierno ya ha hecho suyas (los métodos complementarios). Y tercero, porque no se hace cargo del problema denunciado en nuestra última movilización, el endeudamiento.

De esta forma, lo único que se hace es abrir un escenario propicio para que el 21 de mayo sea Piñera quien con sus propuestas ponga término al conflicto que hemos abierto, reduciendo el debate a estar a favor o en contra de su iniciativa. Por desgracia, esto no preocupa al grueso de la dirigencia estudiantil. Y es que las prioridades de algunos sectores están menos puestas en construir un movimiento con capacidad de tener éxito que en movilizar lo suficiente para entrar en buen pie a la próxima negociación parlamentaria.

De identificar el síntoma a confrontar la enfermedad

Haber comenzado las movilizaciones con la consigna de acabar con el endeudamiento supone una oportunidad pero también una posible debilidad. Oportunidad porque el endeudamiento es la forma en que se vive la mercantilización de la educación, lo que permite darle mayor amplitud social a las movilizaciones que las demandas puramente ideológicas. Y debilidad porque es un problema que puede ser enfrentado con políticas que lo regulen sin necesidad de afectar los pilares del actual modelo de educación superior.

Cuestionar la esencia mercantil del modelo entrando por el lado del endeudamiento será una oportunidad para nosotros sólo si somos capaces de presentarlo como el síntoma, mas no como la enfermedad. De esta forma, lo que saldremos a oponer es un diagnóstico, pero lograremos el reconocimiento de un problema.

El Gobierno reconoció que el endeudamiento estudiantil es un problema que existe, pero sostiene que es síntoma de un mero resfrío del modelo y que por lo tanto se puede resolver con aspirinas. Nosotros, en lugar de concederles ese razonamiento, debemos decir no, este problema es síntoma de una enfermedad mucho mayor, que no puede ser enfrentada con aspirinas sino que requiere una cirugía mayor.

Pero utilizar el endeudamiento sólo como recurso para sacar gente a la calle, para luego saltar a demandas en apariencia “de fondo” pero del todo ambiguas, es el peor error que podemos cometer, es pasarle al Gobierno un enfermo terminal para que lo trate con dulcecitos. Por desgracia, esta es la vía que se ha impuesto.

Ahora bien, saliendo de las analogías y pasando al plano propositivo, creo que de lo que se trata en definitiva es de que seamos nosotros los que propongamos los términos de resolución del conflicto, y que en la búsqueda de una salida, luchemos para que sea la educación pública la que, recuperando su visión de la totalidad educativa, proponga un modo de resolver las contradicciones que presenta la educación superior chilena en su conjunto.

Consistencia entre el horizonte utópico y las demandas concretas

Pero más grave que la ensalada de reivindicaciones ambiguas y hasta contradictorias entre sí que orienta a las movilizaciones, es que éstas carecen de un norte ordenador, de una propuesta en la dimensión del deber ser de la educación superior chilena: un horizonte utópico. Dotar a un movimiento de un horizonte propio puede parecer ocioso para muchos. El problema es que siempre hay uno y si no es el nuestro es el de otros. Quiero aportar a la definición de ese horizonte y de las demandas concretas para enfrentar la coyuntura.

La educación y el conocimiento son para Chile el cobre del siglo XXI, así como potentes herramientas para construir una sociedad más empoderada e igualitaria. Es este carácter estratégico de la educación lo que fundamenta su control social y justifica un rol protagónico del Estado, fortaleciendo la educación superior pública como pilar del sistema y regulando a las instituciones privadas para que se sometan a los intereses generales y no a los intereses particulares de sus propietarios.

Nuestra lucha actual apunta entonces a que el Estado oriente sus esfuerzos para que, en el mediano plazo, la educación superior dado su valor estratégico para Chile sea un derecho social universal y, en el corto plazo, pueda garantizar que ningún estudiante tenga que desertar de ella por razones económicas ni quede endeudado por estudiar.

Lo anterior se traduce en acciones diferenciadas desde el Estado hacia los dos mundos de la educación superior, el público y el privado. Las demandas actuales o no diferencian entre lo público y lo privado (por ejemplo, en cuanto al financiamiento público) u omiten la acción del Estado frente a lo privado (por ejemplo, en cuanto al financiamiento estudiantil). Por eso si no se enmienda el rumbo las movilizaciones pueden ser agua para el molino de la derecha.

A sus universidades, el Estado las debe financiar de manera que en el corto plazo puedan garantizar: a) gratuidad para al menos los estudiantes pertenecientes a los tres primeros quintiles, b) aranceles según capacidad de pago para los dos últimos, y c) un volumen de producción de conocimiento acorde a las necesidades de desarrollo del país. Creo que la fuerza que tengamos determinará cuánto de a) y b) se logrará vía financiamiento directo (aumento de los aportes basales) y vía financiamiento a los estudiantes (reestructuración ayudas estudiantiles).

Pero frente al mundo privado el Estado también debe actuar, no callar. ¿Cómo? Prohibiendo de modo efectivo el lucro de toda institución privada de ESUP que aspire a ser reconocida como tal y exigiendo que sean las mismas instituciones las que otorguen gratuidad para los estudiantes de los primeros quintiles y créditos solidarios para el resto de sus estudiantes. El fin del lucro, la disminución en los gastos de publicidad y la regulación de los aportes por concepto de donaciones son instrumentos que hacen posibles estos beneficios sin necesidad de abrir los escuálidos recursos públicos al sistema privado.

La universidad pública no resiste, avanza

Pero el elemento que será más determinante para que como movimiento estudiantil podamos sortear los obstáculos que nos presenta el escenario político, es que logremos que la educación superior pública, en particular la Universidad de Chile, se transforme en un actor preponderante en la resolución del conflicto. No es que hoy esté ausente, es que aparece sólo con demandas corporativas, relativas al mejoramiento de su capacidad competitiva y no al mejoramiento de la educación superior en su conjunto.

La dictadura cercenó la capacidad que tenía la Chile de pensar la totalidad del sistema educativo. Ese es el gran gol que le metió el pinochetismo. De ahí la distancia que existe hoy entre las demandas sociales y sus preocupaciones como institución. En tiempos de la Reforma, el movimiento estudiantil era capaz de hacer que la universidad hiciera suyas sus demandas, cuestión fundamental para institucionalizar posiciones que de lo contrario se lleva el viento. Esto es justamente lo que tenemos que cambiar, no por una cuestión de principios, sino porque de lo contrario la decadencia histórica en la que está sumida será irremontable.

En concreto, lo anterior significa que en la presente coyuntura luchemos para que la Universidad de Chile implemente y proponga, al menos, las siguientes reformas:

Un acceso universitario más igualitario: La matrícula de ESUP se ha cuadruplicado en los últimos 30 años pero lo ha hecho de un modo segmentado y desigual. El responsable del ingreso de nuevas capas sociales ha sido más el sistema privado (post-80) que el tradicional (CRUCH). De hecho, el sistema de selección que utiliza el CRUCH hoy profundiza las desigualdades que se arrastran desde la cuna y el sistema escolar, porque mide billeteras más que méritos académicos.

La Chile debe dejar de ser parte del problema –es la principal defensora del actual sistema, administrando la PSU- y pasar a ser parte de la solución. Su conservadurismo en este tema está implicando que el lobby de las instituciones privadas haga sentido a muchos sectores. Como Creando Izquierda creemos que no se trata de administrar con más elegancia la desigualdad que la Chile reproduce, sino de afrontar un problema que es estructural. Tenemos una propuesta que hemos comenzado a difundir y tenemos la esperanza de que se transforme en nuestra propuesta como movimiento estudiantil y la de la Chile. La pueden conocer en nuestra página.

No más morosos en la educación pública: No sólo los estudiantes del sistema privado están atados a horrorosas deudas. Al interior del sistema público son cada día más quienes no se pueden titular y terminan pagando un sobreprecio por su carrera por ser deudores del FSCU, de la universidad misma o del CAE. La Chile no puede seguir de brazos cruzados, debe condonar a lo menos los intereses de la deuda que con ella mantienen los estudiantes, debe exigir una ampliación de la cobertura del FSCU y luchar junto a nosotros por la desbancarización del crédito universitario, que ya está comenzando a demostrar las nefastas consecuencias que tendrá a futuro para los jóvenes, sus familias y el país.

En definitiva, la mejor forma de defender la universidad pública es volcándola al servicio de Chile y de su gente, demostrando su potencial como motor de desarrollo y constructora de ciudadanía. Esto requiere una nueva política de parte de nuestra universidad, política que de aquí al 21 de mayo, fecha que resultará crucial para definir el futuro de las movilizaciones, debiera plasmarse en hechos concretos que demuestren por qué vale la pena recuperar la educación pública.